El 26 de diciembre de 2024, un panel de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito emitió una decisión clave en el caso Texas Top Cop Shop, Inc. v. Garland, anulando una orden previa de la misma corte que había permitido temporalmente la aplicación de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés). Esta nueva decisión restablece la orden judicial preliminar emitida por el Tribunal de Distrito del Este de Texas, lo que significa que las empresas obligadas a reportar no están actualmente requeridas a presentar información sobre la propiedad beneficiaria ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
La decisión del 26 de Diciembre y su impacto
La decisión más reciente de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito vació la orden del 23 de diciembre de 2024, que había suspendido la orden judicial preliminar del tribunal de distrito. Esto deja en efecto la decisión original del 3 de diciembre de 2024, que bloquea temporalmente la implementación de los requisitos de reporte de la CTA a nivel nacional.
En términos prácticos, esto significa que, por ahora:
- Las empresas no están obligadas a presentar información sobre la propiedad beneficiaria ante FinCEN.
- No se impondrán sanciones a las empresas que no cumplan con los requisitos mientras la orden judicial esté en vigor.
- Las empresas aún pueden, de manera voluntaria, presentar informes si lo desean.
Contexto del caso Texas Top Cop Shop, Inc. v. Garland
La disputa legal en torno a la CTA ha generado múltiples desafíos judiciales en todo el país, con algunos tribunales confirmando la constitucionalidad de la ley, mientras que otros han emitido fallos contrarios. En este caso, el Tribunal de Distrito del Este de Texas falló en contra del gobierno, argumentando que la ley no cumplía con ciertos estándares constitucionales.
La decisión del Quinto Circuito del 26 de diciembre no solo reafirma la importancia del caso, sino que también introduce más incertidumbre en torno a la aplicación de la CTA mientras el Departamento del Tesoro busca revertir esta orden judicial.
Próximos pasos del Gobierno
El Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia han declarado su firme creencia en la constitucionalidad de la CTA, respaldada por decisiones de otros tribunales de distrito, como los de Virginia y Oregón. El gobierno ha apelado formalmente el fallo del tribunal de distrito y continuará litigando para restaurar los requisitos de reporte de la CTA.
En respuesta a los desarrollos legales, FinCEN ya había tomado medidas para proporcionar flexibilidad a las empresas, extendiendo los plazos de cumplimiento después de la decisión del 23 de diciembre. Sin embargo, la decisión del 26 de diciembre ha revertido estas medidas temporales, dejando a las empresas sin la obligación inmediata de cumplir.
Implicaciones para las empresas
Las empresas deben estar atentas a nuevos anuncios de FinCEN y a los fallos judiciales que puedan cambiar nuevamente el panorama de cumplimiento de la CTA. Si bien la obligación de reportar está suspendida actualmente, esta situación es temporal y sujeta a cambios rápidos dependiendo del progreso de la apelación gubernamental.
Conclusión
El fallo del 26 de diciembre del Quinto Circuito añade una nueva capa de complejidad a la implementación de la Ley de Transparencia Corporativa. Aunque las empresas no están actualmente obligadas a reportar información sobre la propiedad beneficiaria, el gobierno sigue trabajando activamente para restablecer los requisitos de la CTA. En este entorno legal dinámico, las empresas deben mantenerse informadas y prepararse para posibles cambios en sus obligaciones regulatorias en el futuro cercano.
La decisión final sobre la implementación de la CTA dependerá del resultado de las apelaciones y otros litigios pendientes, lo que deja la situación en un estado de incertidumbre para todas las partes involucradas.